López Obrador reanudó su campaña contra los tribunales
Miguel Ángel Rivera jueves 15, Jul 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al tiempo que continuaban los debates y discusiones en torno al tema que puso en primer plano durante los últimos días, el de la sucesión presidencial, el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, cambió ayer a otros de sus motivos centrales, la denuncia de supuestas o reales irregularidades en la actuación de los jueces y la defensa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas, declaró el primer mandatario al destacar que su gobierno siempre pierde en tribunales nacionales e internacionales.
El comentario fue en respuesta a una pregunta de Isabel Cota, reportera del diario El País respecto a una demanda de la empresa estadounidense Whitewater Midstream, que demandó a la Comisión Federal de Electricidad por incumplimiento de un contrato de aprovisionamiento de gas natural.
La representante de El País expuso en su pregunta que Whitewater Midstream es una empresa comercializadora de gas con sede en Texas, la cual, a unos meses de haber sido fundada, recibió miles de millones de dólares en contratos con la CFE a partir de la reforma energética y bajo la administración anterior.
La entrevistadora recordó que la CFE respondió a las exigencias de la empresa texana con demandas legales, tanto civiles como penales y por ello pidió al Presidente que le informara de los resultados de esas acciones. Con esto tuvo el primer mandatario para dar cauce a sus rencores, para empezar contra los anteriores gobiernos nacionales y, luego, con los jueces.
“Bueno, parte de mi tiempo, considerablemente importante tiempo, lo tengo que dedicar, lo he tenido que dedicar a enderezar entuertos, porque el gobierno permitió el saqueo de la hacienda pública y estamos encontrando todavía contratos leoninos, contratos en donde se benefició a empresas a costa de perjudicar o afectando la hacienda pública de México. Estos contratos, por ejemplo; muchos ya convertidos en litigios, ya en tribunales, acabamos de perder en tribunales internacionales un litigio acerca de una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoasén, que tenemos que pagar una cantidad por eso.
“Entonces, el dilema siempre ha sido para nosotros acudir a los tribunales -que es interesante esto- en donde siempre perdemos, porque todo el aparato judicial lo construyeron, todo el andamiaje judicial está construido para favorecer a las empresas. Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero”.
Enseguida, el primer mandatario explicó que ante los resultados adversos en los tribunales nacionales y extranjeros, “ante esa situación, que es una realidad, hemos optado por buscar acuerdos, decir: a ver, cuando el gobierno estaba al servicio de ustedes y ustedes eran los que mandaban, porque ustedes tenían secuestrado al gobierno, se firmaron estos contratos, pero son completamente injustos, como los contratos que firmaron para los gasoductos, en donde había que estar pagando tarifas elevadisimas y al final los gasoductos se quedaban como propiedad de las empresas.
“¿Por qué hicieron lo de los gasoductos?, se preguntó y enseguida dio la respuesta:
“Por corrupción, porque compraron gas de manera exagerada. Tenemos que hacernos cargo de contratos que significan el doble del gas que necesita México, y que se tiene que pagar, aunque no lo usemos”.
El jefe del Ejecutivo reveló que, como resultado de los acuerdos con las empresas demandantes, se logró reducir los cargos y que esto fue necesario “porque, si nos íbamos a los tribunales, nos salía peor, por lo que le acabo de mencionar.
“Es muy difícil que gane el gobierno, ni en México ni en el extranjero”, recalcó López Obrador.
La reforma que viene, para fortalecer a Pemex
La siguiente pregunta fue en relación a la reforma energética que impulsa el gobierno de la llamada Cuarta Transformación para proteger el patrimonio nacional y fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Sí, en general lo que vamos a plantear es que el Estado pueda hacerse cargo del 54 por ciento del mercado nacional”, señaló el primer mandatario, quien explicó enseguida:
“Ahora, la Comisión Federal puede aportar el 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho. Los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la Comisión Federal de Electricidad.
“Entonces, la ley, por ejemplo, es la que decide cómo funcionan estos órganos autónomos que son los que definen la distribución del mercado, entonces por eso vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada.
“O sea, no es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la CFE. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública que no tiene fines de lucro, es una empresa pública para que no aumente el precio de la luz en beneficio de consumidores domésticos y en beneficio de las empresas, es para impulsar el desarrollo de México.
“Las empresas particulares, su propósito es la ganancia, es la utilidad, es el lucro, entonces ¿cómo se le va a dar el mismo trato? Bueno, ni siquiera el mismo trato porque, de acuerdo a la reforma energética, el trato preferencial fue para las empresas particulares”, reiteró el primer mandatario en defensa de su reforma energética.
“Es un asunto hasta de seguridad nacional, tiene que ver con la protección civil, tiene que ver con garantizar que no haya apagones, que no nos falte nunca la luz, pero se necesita poner orden, es lo que se va a hacer con la nueva reforma”, precisó.
Empresas de seguridad privada colaboran
para aplicar reformas al outsourcing
La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) manifestó su disposición en colaborar con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para poner en marcha la nueva ley de subcontratación (outsourcing) en beneficio de los trabajadores del país en general y del sector seguridad privada en particular.
En una videoconferencia donde se abordó el tema: “Ley de subcontratación y Registro de Servicios Especializados”, con el. encargado del despacho de la Subsecretaría de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Salafranca Vázquez, los 125 integrantes de la AMESP se mostraron dispuestos en colaborar en todo con las autoridades laborales del país para poner en marcha los lineamientos de la Ley de subcontratación.
En esa conferencia a distancia, los representantes de las empresas de seguridad privada despejaron y aclararon sus dudas a fin de cumplir con lo que dice el ordenamiento.
Salafranca afirmó que la nueva Ley es una reforma laboral, no es ni mercantil ni fiscal a pesar de que se alinearon a ella otras reformas a leyes como la del IVA, ISR, IMSS e Infonavit.
El objetivo central de esta norma consiste en prohibir la subcontratación, entendida por el recurso de contratar al personal de otra empresa para que haga el trabajo que representa el objetivo central de una compañía, precisó el funcionario.
Si se puede, como es el caso de las empresas de seguridad privada, subcontratar obras y servicios especializados siempre y cuando estos no sean del objeto social, central o actividad preponderante del contratante.
Esto significa que una empresa podrá enviar personal para realizar una labor distinta al objeto social del contratante, siempre y cuando aquella esté registrada en el REPSE (Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas) de la STPS. “Este registro se hará cada tres años”, aclaró el funcionario.
Luego de la conferencia virtual, encabezada por el presidente de la AMESP, Salvador López Contreras, los más de 219 participantes reconocieron que tuvieron la oportunidad de plantear y aclarar sus dudas al respecto y reiteraron su disposición en colaborar con las autoridades laborales del país, para que este nuevo ordenamiento cumpla con su objetivo central en beneficio de los trabajadores en el país, en general y en particular del sector de la seguridad privada.